Del abandono oficial al banquillo: tres activistas enfrentan causa por Parque de la Moderna
Un conflicto que las autoridades no resolvieron escaló hasta tribunales y mantiene bajo acusación a quienes reclaman conservar el espacio.
- El proyecto de la colonia Ampliación Moderna fue aprobado en 1958 y contemplaba el predio como área destinada al uso comunitario.
- Ensenada dispone de alrededor de 2.1 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, de acuerdo con cifras expuestas por los activistas durante la protesta.
ENSENADA, B.C.- La falta de certeza jurídica sobre el Parque de la colonia Ampliación Moderna escaló hasta el ámbito penal y colocó ante el Poder Judicial a tres personas vinculadas con la defensa del espacio, en un conflicto que, de acuerdo con sus representantes legales y activistas, tiene su origen en omisiones institucionales acumuladas durante décadas.
La audiencia prevista para este lunes fue diferida por segunda ocasión. El abogado Ramón Campos Bueno informó que el defensor público asignado a dos de los imputados no contaba con la carpeta de investigación, por lo que no estaba en condiciones de asumir la defensa.
Los defensores públicos tienen muchas audiencias y a veces no tienen el tiempo para leer o pedir la carpeta de investigación. Eso fue lo que pasó.
— Ramón Campos Bueno, abogado
La nueva audiencia quedó programada para el 9 de septiembre a las 11:00 horas.
Para los activistas, lo ocurrido expone un problema que rebasa el litigio por el parque: la capacidad del Estado para garantizar una defensa adecuada y resolver controversias sobre bienes destinados originalmente al uso público.
Campos Bueno señaló que, desde su perspectiva jurídica, los datos de prueba presentados hasta ahora no son suficientes para obtener una vinculación a proceso.
Dina, una de las personas denunciadas por el conflicto, sostuvo que el espacio ha sido utilizado por generaciones de habitantes de la colonia y que la intervención de las autoridades desde el origen del problema habría evitado que el caso llegara a tribunales.
Si el gobierno hubiera hecho su trabajo desde un inicio, haber solucionado de fondo el problema, no estaríamos aquí, ni presentándonos a cargos ni luchando por un espacio que es de la comunidad.
— Dina, activista denunciada
Los vecinos exhibieron durante la manifestación material utilizado para comercializar la colonia décadas atrás, en el cual se promovía el desarrollo con parques infantiles.
De acuerdo con Carlos, activista involucrado en la defensa del predio, el proyecto de creación de la colonia Ampliación Moderna fue revisado y aprobado por el Gobierno del Estado en 1958, publicado posteriormente en el Periódico Oficial e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad.
El activista sostiene que el espacio quedó destinado desde entonces a parque y que correspondía a las autoridades realizar los actos jurídicos necesarios para incorporarlo y conservarlo dentro del patrimonio público.
DOCUMENTOS QUE YA NO APARECEN
Carlos aseguró que durante la revisión del expediente no pudieron localizar documentos que considera fundamentales para reconstruir jurídicamente la historia del inmueble.
Desapareció la escritura de donación, desaparecieron los planos y desaparecen las memorias descriptivas de la notaría, del Archivo General de Notarías y del Registro Público de la Propiedad. Nadie tiene nada.
— Carlos, activista
Se trata de señalamientos de los activistas que deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.
También cuestionó que un procedimiento civil sobre prescripción del terreno hubiera sido admitido tratándose, según su interpretación, de un espacio destinado originalmente a parque infantil.
El conflicto terminó posteriormente en una denuncia por despojo contra tres personas relacionadas con la defensa del predio.
Carlos aseguró que en su caso fue incluido en la carpeta después de promover dos demandas de amparo y obtener una suspensión que frenó trabajos en el terreno.
Yo a Dina la conocí 15 días después de que dicen que pasó lo que pasó. Entonces es ilógico que yo haya estado ahí presente.
— Carlos, activista
LEYES OBLIGAN A PROTEGER LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Durante la concentración frente al Poder Judicial, los manifestantes fundamentaron su posición en disposiciones estatales y tratados internacionales.
Citaron el artículo 10 de la Ley General de Bienes del Estado de Baja California, bajo el argumento de que los inmuebles entregados al Estado derivados de autorizaciones de fraccionamientos forman parte del dominio público y tienen carácter inalienable, imprescriptible e inembargable.
También hicieron referencia al artículo 114 de la legislación estatal en materia de desarrollo urbano, relativo a la conservación y protección de parques urbanos y a impedir acciones que reduzcan su superficie.
Asimismo, invocaron disposiciones del Código Civil de Baja California relacionadas con bienes fuera del comercio y normas sobre bienes de uso común.
Los manifestantes incorporaron además el Acuerdo de Escazú, tratado ratificado por México que establece obligaciones para generar condiciones seguras para personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y adoptar medidas frente a amenazas, intimidaciones o ataques.
Desde esa perspectiva, sostienen que el Estado enfrenta dos obligaciones simultáneas: determinar jurídicamente la condición del terreno y garantizar que la defensa de un espacio ambiental y comunitario no derive, por sí misma, en criminalización.
Los activistas colocaron también el caso dentro de la discusión sobre disponibilidad de espacios públicos en Ensenada.
Carlos señaló que la ciudad dispone de aproximadamente 2.1 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, cifra que contrastó con parámetros internacionales utilizados para evaluar la disponibilidad de este tipo de espacios. Bajo sus cálculos, el déficit acumulado representaría alrededor de 300 hectáreas, y afirmó que existen más de 200 parques o espacios originalmente destinados a ese propósito cuya situación debe revisarse.
Las cifras fueron proporcionadas por los activistas durante la protesta y requieren contraste con los inventarios oficiales de áreas verdes y patrimonio municipal.
Para quienes participan en el movimiento, el resultado del litigio rebasa los límites de la colonia Ampliación Moderna.
No queremos apropiarnos del espacio. Lo que queremos es que los parques no se toquen.
— Carlos, activista
Mientras la situación jurídica del predio continúa sin una resolución definitiva, tres personas enfrentan un procedimiento penal derivado del conflicto. La siguiente audiencia será el 9 de septiembre. Para entonces habrán transcurrido casi tres años desde septiembre de 2023, fecha que los vecinos identifican como el inicio de la etapa actual de la disputa por el Parque de la Moderna.
