Justicia pone freno a las aguas negras: jueza ordena a CESPT detener descargas irregulares al Río Tijuana

TIJUANA, B.C.— La contaminación del Río Tijuana dejó de ser solamente una crisis ambiental acumulada durante décadas y entró de lleno al terreno judicial: una jueza federal ordenó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) abstenerse de realizar descargas de aguas residuales al canal que carezcan de tratamiento, autorización o incumplan los parámetros ambientales aplicables.

La determinación, fechada el 10 de septiembre, corresponde al incidente de suspensión 532/2026-D y establece además que el organismo estatal deberá adoptar las medidas preventivas necesarias, dentro de sus atribuciones, para impedir que continúe la afectación al cauce. La audiencia incidental fue programada para el próximo 23 de septiembre.

El alcance del conflicto, sin embargo, rebasa a la CESPT y al Gobierno del Estado. Dentro del mismo litigio ambiental, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Baja California había concedido previamente una suspensión definitiva que obliga al Organismo de Cuenca Península de Baja California de Conagua y a la representación de Profepa a ejercer facultades de inspección y vigilancia y adoptar medidas encaminadas al saneamiento y restauración ecológica del Río Tijuana.

La resolución judicial no constituye todavía una sentencia definitiva sobre el fondo del amparo. Tampoco acredita por sí misma responsabilidad administrativa o penal de las dependencias involucradas. Sí coloca, sin embargo, el manejo de las aguas residuales de Tijuana bajo vigilancia judicial y obliga a autoridades estatales y federales a actuar mientras continúa el proceso.

El problema tiene además evidencia sanitaria reciente. En el monitoreo nacional previo al verano de 2026, Cofepris analizó 2 mil 279 muestras en 289 playas y encontró únicamente cinco no aptas para uso recreativo. Una de ellas fue Playa Tijuana, en Baja California, por rebasar los criterios microbiológicos establecidos para proteger a los usuarios.

La dimensión del problema también cruzó oficialmente la frontera. El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental, organismo establecido en el marco ambiental de América del Norte, tramita una petición en la que se afirma que México ha incurrido en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental respecto al manejo de aguas residuales en Tijuana. El 9 de septiembre de 2026 recibió la respuesta de México y comenzó a determinar si procede recomendar la preparación de un expediente de hechos.

El expediente internacional adquiere relevancia porque la contaminación del Río Tijuana lleva años generando afectaciones a ambos lados de la frontera. El propio Memorando de Entendimiento firmado por México y Estados Unidos reconoce consecuencias históricas ambientales y de salud pública provocadas por aguas residuales y escurrimientos contaminados provenientes de Tijuana hacia territorio estadounidense.

La crisis tampoco ocurre en ausencia de inversión pública. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron acelerar proyectos de infraestructura para enfrentar el problema y Semarnat reportó este año avances en colectores, estaciones de bombeo y obras destinadas a impedir que aguas residuales lleguen al Río Tijuana. Entre ellas se encuentra la rehabilitación de la Planta de Bombeo 1, cuya capacidad proyectada alcanzará 3 mil 500 litros por segundo, así como las compuertas del Río Tijuana, diseñadas para evitar que alrededor de 220 litros por segundo de aguas residuales entren al cauce.

El Gobierno de Baja California también mantiene proyectos propios. A finales de agosto informó sobre el Sistema de Alejamiento, infraestructura diseñada para retirar del cauce hasta mil 100 litros por segundo de agua tratada y conducirlos hacia un sitio de disposición final, como parte de los compromisos binacionales de saneamiento.

Ahí aparece la contradicción que coloca el problema en una dimensión política: mientras Federación y Estado reportan inversiones, rehabilitaciones y acuerdos internacionales para sanear la cuenca, durante 2026 los tribunales han tenido que dictar medidas cautelares para exigir acciones a Conagua, Profepa y ahora a la CESPT.

El expediente tampoco puede reducirse a un problema heredado exclusivamente por las actuales administraciones. La contaminación transfronteriza tiene décadas y México y Estados Unidos arrastran infraestructura insuficiente y deteriorada. De hecho, durante mayo de este año dos tramos de la Línea Paralela a Gravedad colapsaron con aproximadamente dos semanas de diferencia, obligando a realizar reparaciones de emergencia.

Pero la antigüedad del problema tampoco elimina la responsabilidad presente. Federación y Estado administran actualmente las dependencias encargadas del agua, saneamiento, vigilancia y cumplimiento ambiental. Y ahora tendrán que demostrar ante los tribunales que las obras anunciadas pueden traducirse en algo mucho más elemental: que las aguas residuales sean tratadas conforme a la ley antes de llegar al río y eventualmente al Pacífico.

La siguiente fecha será importante. El 23 de septiembre deberá celebrarse la audiencia relacionada con la suspensión provisional concedida respecto de la CESPT. Hasta entonces, la medida permanece cautelar y el juicio continúa abierto.

La crisis del Río Tijuana entra así a una nueva etapa. Ya no solamente existen reclamos ciudadanos, playas contaminadas o compromisos políticos entre México y Estados Unidos. Ahora existen órdenes judiciales que alcanzan a dependencias del Gobierno Federal y del Gobierno de Baja California.

Y ése puede ser el dato más incómodo de todos: después de décadas de contaminación, millones destinados a infraestructura y acuerdos internacionales, en 2026 todavía se necesita la intervención de un tribunal federal para exigir que el Río Tijuana deje de recibir descargas residuales fuera de las condiciones que marca la ley.