Rocha regresa al Gobierno de Sinaloa entre investigaciones abiertas y el deslinde de su propio partido

Rubén Rocha Moya regresó este 21 de agosto a la gubernatura de Sinaloa después de permanecer 112 días separado temporalmente del cargo. Lo hizo sosteniendo que las autoridades mexicanas no encontraron elementos que acrediten los señalamientos formulados en su contra desde Estados Unidos y asegurando que retomaba el mandato para el que fue electo hasta octubre de 2027.

Las horas siguientes mostraron, sin embargo, una situación distinta a la de un gobernador que vuelve acompañado políticamente por su partido y por el Gobierno federal.

La Secretaría de Gobernación calificó la reincorporación como una decisión "exclusivamente" personal y recordó públicamente que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con las diez personas señaladas por autoridades estadounidenses. Morena informó, por separado, que su dirigencia nacional ni siquiera había sido enterada previamente y anunció su deslinde. Horas después, gobernadoras y gobernadores emanados del movimiento oficialista respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y pidieron a Rocha actuar con "madurez", "congruencia" y responsabilidad política.

La distancia política resulta relevante por el origen del expediente que llevó al gobernador a solicitar licencia el pasado 1 de mayo.

El 29 de abril, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por delitos relacionados con narcotráfico y armas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, para facilitar el traslado de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

La imputación no constituye una sentencia. El propio Departamento de Justicia establece expresamente que los cargos son acusaciones y que los procesados deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.

La dimensión del expediente, sin embargo, rebasa una acusación genérica sobre corrupción.

De acuerdo con la información oficial publicada por el Departamento de Justicia, los funcionarios señalados habrían protegido a integrantes del cártel frente a investigaciones y detenciones, filtrado información sensible de operaciones policiales y militares, utilizado corporaciones estatales y municipales para proteger cargamentos de droga y permitido operaciones de la organización criminal a cambio de sobornos.

En el caso particular de Rocha Moya, la acusación sostiene que Los Chapitos habrían intervenido para favorecer su campaña a gobernador en 2021 mediante actos de intimidación contra adversarios políticos y que, posteriormente, el mandatario habría sostenido reuniones con integrantes de esa organización.

Estados Unidos asegura también que, después de la elección, Rocha y Enrique Inzunza Cázarez se habrían reunido con dirigentes de Los Chapitos para discutir el control que esa facción tendría sobre estructuras de seguridad estatales.

Son señalamientos de la fiscalía estadounidense que Rocha ha negado reiteradamente.

El expediente estadounidense contempla para Rocha los delitos de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ese tipo de armamento. El Departamento de Justicia señala que las penas potenciales previstas por la legislación estadounidense alcanzarían cadena perpetua, con un mínimo obligatorio acumulado de 40 años en caso de condena.

La investigación abrió desde finales de abril uno de los episodios de mayor tensión judicial entre México y Estados Unidos por la imputación de un gobernador mexicano en funciones.

Dos días después de hacerse pública, Rocha solicitó licencia ante el Congreso de Sinaloa. Argumentó que se separaba temporalmente para no interferir en las investigaciones y ponerse a disposición de las autoridades mexicanas.

La FGR respondió entonces que los documentos remitidos por Estados Unidos no contenían elementos suficientes para justificar una detención provisional urgente y anunció que solicitaría formalmente las pruebas y documentos en los que se sustentaban los señalamientos.

La posición mexicana no significó el cierre del caso.

Posteriormente, la Fiscalía citó a declarar a Rocha y a las demás personas incluidas en la acusación estadounidense para integrar su propia investigación. El 24 de mayo, la FGR confirmó que esas comparecencias formaban parte de las diligencias destinadas a establecer responsabilidades dentro del sistema jurídico mexicano.

Durante ese periodo, otras investigaciones vinculadas con Sinaloa siguieron incorporándose al contexto del expediente.

La Fiscalía mexicana concentró información relacionada con el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén Ojeda y las irregularidades denunciadas durante el proceso electoral estatal de 2021.

El nombre de Rocha ya había aparecido desde 2024 alrededor del caso Zambada-Cuén.

Después de su captura en Estados Unidos, Ismael Zambada difundió una versión según la cual había sido convocado el 25 de julio de 2024 a una reunión en la que supuestamente participaría el gobernador para abordar diferencias relacionadas con la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Rocha negó cualquier participación. El 10 de agosto de 2024 declaró públicamente que no tenía relaciones de complicidad con grupos criminales y sostuvo que, si a Zambada le habían dicho que él asistiría a esa reunión, le habían mentido. El gobernador pidió entonces que la FGR atrajera la investigación sobre los acontecimientos ocurridos ese día.

La acusación estadounidense presentada casi dos años después incorporó señalamientos de mayor alcance y colocó a Rocha dentro de una presunta estructura de colaboración política, institucional y policial con Los Chapitos.

Rocha anunció su reincorporación la mañana del 21 de agosto. En un mensaje dirigido a sinaloenses y mexicanos aseguró que regresaba al cargo porque tenía la obligación de concluir el mandato constitucional para el que fue electo. Señaló que durante los meses de licencia se puso a disposición de la justicia mexicana y calificó las imputaciones estadounidenses como acusaciones sin pruebas y con motivaciones políticas.

Vuelvo con la frente limpia y en alto.

— Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

La reacción del Gobierno de México se produjo pocas horas después.

La Secretaría de Gobernación emitió un posicionamiento donde precisó que la reincorporación respondía "exclusivamente a una determinación de carácter personal". El mismo comunicado agregó un elemento que contradice cualquier lectura de un expediente concluido: la FGR mantiene abiertas las carpetas relacionadas con las diez personas señaladas por el Departamento de Justicia estadounidense. También reiteró la postura mantenida por México desde mayo: corresponde a Estados Unidos proporcionar las pruebas necesarias para sustentar sus acusaciones dentro de los mecanismos de cooperación judicial existentes.

Morena hizo posteriormente su propio deslinde. La dirigencia nacional informó que no tuvo conocimiento previo de la decisión del gobernador y afirmó textualmente que se deslindaba de ella. El partido agregó que respetará el Estado de derecho, el debido proceso y los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Por la noche, gobernadoras y gobernadores vinculados con Morena difundieron otro pronunciamiento. Expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, plantearon un llamado a la unidad y la legalidad y pidieron directamente a Rocha conducirse con "madurez y congruencia". De acuerdo con el documento difundido por los mandatarios, las decisiones individuales no deben colocarse por encima de las responsabilidades institucionales y del proyecto político al que pertenecen.

El resultado fue una reincorporación constitucionalmente ejecutada por Rocha, pero acompañada por pronunciamientos públicos de distancia del Ejecutivo federal, de la dirigencia de Morena y de mandatarios estatales del mismo movimiento político.

No existe, hasta el cierre de este reportaje, una resolución de la FGR que declare inocente a Rocha ni un comunicado de esa institución que determine el cierre definitivo de las investigaciones vinculadas con la acusación estadounidense.

El Gobierno estadounidense tampoco ha retirado la imputación presentada en abril. La posición oficial disponible continúa siendo la acusación del Distrito Sur de Nueva York.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico no podrían operar con la misma capacidad sin funcionarios públicos y policías que colaboraran con ellas.

— Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York

El administrador de la DEA, Terrance Cole, sostuvo que la investigación buscaba exponer el uso de posiciones públicas para proteger actividades del Cártel de Sinaloa.

En su documento oficial, Estados Unidos sostiene que Rocha habría establecido compromisos con Los Chapitos antes y después de asumir la gubernatura y que esa relación habría permitido a la organización mantener operaciones en Sinaloa. Washington mantiene esas afirmaciones en calidad de acusaciones judiciales.

Al cierre de esta revisión no se localizó un nuevo posicionamiento oficial de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en México o el Departamento de Justicia emitido específicamente en respuesta al regreso de Rocha del 21 de agosto. Por tanto, no puede afirmarse que Estados Unidos haya modificado su postura a partir de la reincorporación.

Lo verificable es que la acusación federal continúa publicada y vigente y que el Departamento de Justicia no ha anunciado su retiro. Reuters reportó este 21 de agosto que el proceso estadounidense permanece abierto y que el regreso del gobernador ocurre mientras México mantiene sus propias investigaciones.

La diferencia entre las dos posiciones es jurídica y política. Estados Unidos sostiene que cuenta con elementos para acusar formalmente al gobernador ante una corte federal. México mantiene que requiere recibir y evaluar las pruebas correspondientes conforme a su legislación antes de ejecutar medidas solicitadas por Washington.

Rocha utiliza esa falta de una determinación penal en México como fundamento para regresar al cargo. Segob, Morena y los gobernadores oficialistas evitaron respaldar esa interpretación. Ninguno de sus comunicados afirmó que el mandatario hubiera sido exonerado. La Secretaría de Gobernación señaló exactamente lo contrario respecto del estado procesal del asunto: las investigaciones permanecen abiertas.

Rocha regresó así al mismo puesto del que se separó el 1 de mayo, pero el escenario político cambió. En mayo, la discusión estaba concentrada en la validez de las acusaciones estadounidenses, las pruebas que Washington debía entregar y las facultades de México frente a una solicitud extranjera. El 21 de agosto se agregó otra dimensión: la dirigencia del partido gobernante y el Ejecutivo federal dejaron por escrito que la decisión de volver no fue de ellos.

Mientras no exista una determinación definitiva de la justicia mexicana o estadounidense, las dos rutas continuarán de manera paralela. Rubén Rocha Moya vuelve a ejercer como gobernador constitucional de Sinaloa. La Fiscalía General de la República continúa investigando. Morena se deslindó de su reincorporación. El Gobierno federal la definió como una decisión personal. Y en Nueva York permanece abierta una causa penal en la que fiscales estadounidenses lo acusan de haber colaborado con una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa. La resolución jurídica de esas acusaciones sigue pendiente.